Por Fernando A. De León
Nueva York.- Es consecuente y dable suponer
que, si en República Dominicana, por desaliento, el 82 por ciento de la
juventud que cursan estudios superiores opinan que ir a las universidades no
vale la pena; nuestros abuelos que tal vez en algún tiempo estaban contestes
con ese criterio, efectivamente, no serán beneficiarios de la ley 352-98, sobre
protección de los envejecientes. Hay que tener mentalidad utópica para creer en
la efectividad de una legislación sujeta a las paradojas y al cinismo que nos
taladra... Más...
En una nación donde además, el 58 por ciento
de los jóvenes quiere escapar hacia el exterior, es un contrasentido, el ahora,
sin más ni más, querer proteger a sus antecesores que ahora han llegado a la
inexorable senectud. Ha de convenirse en que aquellos vientos, trajeron estas
tempestades. Para ello habría que institucionalizar al país.
Es
querer ser acorralados por embaucamientos, el creer que una nación que sólo
permite el desarrollo de algunos jóvenes por clientelismo o nepotismo; se
asista como se debe, a nuestros envejecientes. Donde una ministra de Educación,
transgrediendo la ley, protege a sus nietos con el privilegio de ser becados
para estudiar en prestigiosas universidades del exterior; lo más lógico es
pensar que allí persiste un ambiente de inequidad y desigualdades sociales, en
donde tampoco, nuestros viejitos, per se, tienen un digno discurrir.
En República Dominicana, deben pulular más de
un millón de envejecientes que sobrepasan o se acercan a los 65 años, que
sobreviven en deplorables condiciones existenciales. Son indigentes o homeles (desamparados),
como se les llama en los Estados Unidos.
Y no sólo
porque no poseen una morada donde descansar, sino porque no se les respetan
otros derechos. No importa su senectud o vejez, aún contribuyendo con nuestra
formación, a estos se les conculcan sus derechos, como a cualquier otro
contribuyente, y tienen que pagar bienes y servicios como los demás. No hay
ningún tipo de consideración para nuestros abuelos.
Si en una ciudad como Nueva York, aún con sus
debilidades hay indigentes que están sobre el límite de los pobres de
solemnidad; mal podría pensarse que en un país con autoridades irrespetuosas de
los derechos humanos y civiles; se aplicaría una ley que garantice el bienestar
de nuestros progenitores. En este aspecto, República Dominica, se distancia por
mucho del “Nueva York Chiquito”
Si el ser humano, no recibe garantías de una
digna existencia, por lo menos aceptable desde su nacimiento hasta la edad en
que está apto para prepararse académicamente y servir a su país; no es verdad
que se les garantizará una serie de derechos cuando esté llegando a su ocaso.
El sector envejeciente que sí es ampliamente
beneficiado en República Dominicana, es el de funcionarios enquistado en la cúspide
del gobierno; allí debe haber más de una decena de éstos que se acercan, llegan
o superan los 65 años, y viven como sibaritas. Y, por si fuera poco, también
suelen cobrar lujosos sueldos de pensión, aun sin ser empleados de larga data
en la cosa pública.
Ello contrasta con los maestros, braceros y demás, a los que
se les niega la pensión, y cuando son
correspondidos reciben una migaja.
Y, para rematar este humilde artículo, cabe
preguntarse si es posible que en un país donde los que nos gobiernan no tienen
sensibilidad ni voluntad política para otorgarle el merecido derecho a un hijo biológico
con ganas de superarse; puede haber serias intenciones para colocar en un
sitial digno a nuestros envejecientes. Definitivamente, los dominicanos
transitamos por un angosto camino, atestado de inconsciencias, paradojas y cinismos.
(El
autor es periodista directivo del CDP en Nueva York, donde reside).
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