cristalycolores.com reproduce el texto del discurso pronunciado la noche de este martes por el ex presidente Leonel Fernández a través de una cadena de radio y tv que contó con el canal 5 de Telemicro como estación matriz para explicar sus razones sobre el déficit fiscal de 187 mil millones de pesos. A continuación, el texto completo del documento...
Compañeros miembros del Comité Político y del Comité Central
del Partido de la Liberación Dominicana; Pueblo Dominicano:
Es esta, la primera vez que tengo el honor y el privilegio
de dirigirme a ustedes luego de la culminación del pasado período
constitucional, y de haber asumido la
Presidencia de la República, el
compañero y amigo, licenciado Danilo Medina.
Habría sido mi deseo, por estos tiempos, permanecer en un segundo plano, al margen del
debate nacional, y sólo limitarme, en mi calidad de Presidente del Partido de
la Liberación Dominicana, a estimular y apoyar las medidas de las actuales
autoridades gubernamentales encaminadas a promover el progreso y el bienestar
de nuestro pueblo... Más...
Sin embargo, la manera sinuosa en que desde cierta parcela
de la opinión pública nacional se ha venido abordando el tema relativo a la
reforma fiscal, recientemente convertida
en ley, me impulsa a formular algunas aclaraciones que espero contribuyan a
despejar confusiones en determinados ámbitos de la sociedad dominicana.
Estoy consciente del legítimo derecho que asiste a cualquier
ciudadano o ciudadana de albergar alguna preocupación, dudas, temores o
interrogantes en torno a la referida reforma fiscal, pero sobre ese particular,
lo primero que quisiera empezar por decir es que la idea de una reforma fiscal
no surgió al azar, de manera imprevista o sorpresiva, sino que fue parte de las
consultas, del diálogo y del esfuerzo de concertación que durante dos años se
realizó con distintos sectores de la vida nacional en relación con la
Estrategia Nacional de Desarrollo.
En esa estrategia, inclusive, se acordó suscribir un acuerdo
o pacto con respecto a tres áreas sensitivas del país: la educación, el sector
eléctrico y el sistema fiscal.
Tal como lo recuerda el primer considerando de la recién
aprobada Ley de Reforma Fiscal, en enero de este año 2012 fue promulgada la ley
No. 1-12, que consigna la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y en la misma
se indica “La necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales
arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y
garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido
a un proceso de reestructuración fiscal integral.”
En el artículo 36 de la referida ley de Estrategia Nacional
de Desarrollo se precisa, entre otros
elementos, que “El pacto fiscal implicará que en un plazo no mayor de tres años,
se habrá iniciado un proceso orientado a elevar la presión tributaria para
viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en
esta Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.”
Es decir, en la Estrategia Nacional de Desarrollo ya se
hablaba de un pacto fiscal, orientado,
entre otros factores, a elevar la presión tributaria.
Por su parte, en un informe del Fondo Monetario
Internacional, de fecha 13 de diciembre del 2011, bajo el título de, Medidas
Tributarias para el Ajuste Fiscal, se indica que:
“Las autoridades dominicanas y el FMI estimaron en
septiembre del 2011 que será necesario implementar medidas de ajuste
equivalentes a 3.5 por ciento del PIB…”
Más adelante, el informe del organismo crediticio
internacional decía que: “Este es el tercer año consecutivo en que la República
Dominicana tendrá que producir un paquete tributario cuyo objetivo es reforzar
sus ingresos.”
Por su lado, cinco días antes de la celebración de las
elecciones presidenciales, esto es, el
15 de mayo de este año, en declaraciones ofrecidas al periódico Hoy, el Consejo
Nacional de la Empresa Privada (CONEP), planteó la búsqueda de una reforma
fiscal integral, no de un parche tributario, como denominó a las reformas
previas.
El CONEP consideró necesario, también, un análisis profundo
del sistema tributario y de gastos administrativos del país, y de cómo devolver
competitividad a los sectores productivos.
Finalmente, reiteró su compromiso de trabajar con el próximo
Gobierno para que la reforma fiscal integral sea una realidad.
Como puede observarse, desde hacía tiempo venía debatiéndose
en el país la necesidad de suscribir un pacto fiscal que estuviese dirigido a
la realización de una reforma fiscal integral, que implica, entre otras cosas,
como se ha dicho, el incremento de la
presión tributaria o fiscal.
Es con ese incremento de la presión fiscal como se haría
posible cumplir con los compromisos de la Estrategia Nacional de Desarrollo en
favor, por ejemplo, de la educación, la salud, la seguridad social, la seguridad
ciudadana, el sector agrícola y las medianas y pequeñas empresas.
El rechazo de algunos sectores a las llamadas “reformas de
parche” se debe al hecho de que desde el año 2000 a la actualidad se han
elaborado nueve reformas fiscales, y el resultado ha sido que en el 2000, la
presión fiscal fue de 12.5 por ciento del PIB, y en el 2011, de 12.7 por ciento
del PIB.
Dicho con otras palabras, durante diez años se implementaron
9 reformas fiscales y la presión tributaria con respecto al Producto Interno Bruto
quedó prácticamente estancada.
De igual manera, es preciso
recordar que como resultado de la apertura de nuestra economía y de la
suscripción de acuerdos de libre comercio, como el RD-CAFTA y el de Asociación
Económica con la Unión Europea (EPA), la
estructura tributaria del país se modificó de manera radical.
En lugar de depender de los impuestos provenientes del
comercio exterior, cobrados en Aduanas, como siempre había sido, se traspasó a
Impuestos Internos la responsabilidad de ser el principal ente de recaudación
fiscal del país.
De esa manera, las recaudaciones aduanales, que en el año
2000 constituían el 34.8 por ciento de los ingresos totales del gobierno, pasaron a representar solamente el 8.2 por
ciento en el 2011.
En ese cambio de la estructura tributaria nacional, de
impuestos aduanales a impuestos internos, la compensación entre un tipo de
tributo y otro nunca se produjo en la forma en que inicialmente había sido concebida.
Más aún, debido a la aplicación de varias de leyes de
incentivos y concesiones tributarias,
dirigidas, fundamentalmente, a promover el crecimiento económico, la
productividad y el empleo, se generó
también, aunque de manera involuntaria, un debilitamiento de la presión fiscal.
En el año 2007, en el punto máximo de recaudación de nuestra
historia financiera moderna, la presión fiscal llegó a alcanzar 16 por ciento
del PIB. Pero desde entonces hasta la
fecha ha habido una disminución de 3.3 por ciento, lo que nos coloca en estos
momentos, en tan sólo 12.7 por ciento
del PIB.
Ese es el problema fundamental del sistema fiscal de la
República Dominicana. El hecho de que sea uno de los países con más bajo nivel
de recaudación de la riqueza nacional, no sólo de América Latina, sino del
mundo.
En Brasil, la presión fiscal es de 35 por ciento. En
Argentina, de 30 por ciento. En Jamaica, es de 24 por ciento. En Uruguay, de
23.2. En Nicaragua, de 22 por ciento. En
Bolivia, 22.6, y en Chile, de 21.6.
En los Estados Unidos, la presión fiscal es de 28.2 por
ciento.
En Europa, donde después de la Segunda Guerra Mundial se
erigió el denominado Estado Benefactor, de orientación ideológica
socialdemócrata, la brecha de la presión fiscal con respecto a nosotros es aún
mayor.
En Suecia, por ejemplo, la presión fiscal es de 49 por ciento.
En Finlandia, de 46 por ciento. En Francia es de 44 por ciento. En el Reino
Unido, de 42 por ciento. En España, de 39 por ciento. En Italia, de 41 por
ciento.
Eso fue lo que hicieron los partidos socialdemócratas
europeos en el poder, y que parecen olvidar sus aliados criollos. Crear un
Estado fiscalmente fuerte para enfrentar con políticas redistributivas y
sentido de equidad, las demandas sociales de la población.
Pero, hasta en África, el continente con menor desarrollo
del planeta, el promedio de presión fiscal ronda el 20.1 por ciento.
Aquí, en la República Dominicana, repito, es de tan sólo
12.7 por ciento, el más bajo de América Latina, con excepción de Haití; y así,
con un Estado fiscalmente pobre, débil, no puede producirse el nivel de
desarrollo, de progreso y bienestar que anhelamos para nuestra sociedad.
Por esa razón, desde hace varios años las fuerzas vivas de
la nación han estado reclamando la realización de una reforma fiscal
integral.
Ahora bien, si durante varios años, y más recientemente,
hasta antes de las pasadas elecciones presidenciales, el debate en torno a la
reforma fiscal giraba alrededor de la ejecución de una reforma integral que contemplase
el incremento de la presión fiscal con respecto al Producto Interno Bruto, ¿cómo fue que en la opinión pública nacional
se tejió la idea de que la reforma fiscal era la consecuencia del déficit
fiscal proyectado para este año 2012?
En adición, ¿de dónde
se extrae la peregrina tesis de que un déficit fiscal equivale a un fraude
fiscal, y por consiguiente, a un delito que merece ser perseguido por la vía
judicial?
Cuando observamos el panorama económico mundial, nos damos
cuenta que ese, precisamente, es uno de los problemas que con mayor intensidad
afecta, inclusive, a las economías de mayor desarrollo.
En el Reino Unido, por ejemplo, el déficit fiscal fue en el
2009, de 10.4 por ciento del PIB; en el 2010, de 9.4 por ciento; y en el 2011,
de 9.8 por ciento.
En Japón, el déficit fiscal, en el 2009, fue de 11.2 por
ciento; en el 2010, de 9.4 por ciento; y
en el 2011, de 9.8 por ciento.
En España, el déficit fiscal fue de 10.2 por ciento en el
2009; de 9.4 por ciento en el 2010; y de 8.9 por ciento en el 2011.
En los Estados Unidos, el déficit en el 2009 fue de 8.9 por
ciento; en el 2010, de 7.8 por ciento; y en el 2011, de 6.6 por ciento.
En ese país, que constituye la más importante economía del
mundo, se estima que si no se aumentan los impuestos, se dejan sin efecto los
recortes fiscales realizados por el presidente George W. Bush y no se aumenta
el techo de la deuda, a más tardar para el mes de enero del año próximo, es
decir, el 2013,
Estados Unidos caerá en lo que se ha denominado, un precipicio
fiscal.
¡Imagínense ustedes, la mayor economía del mundo, en peligro
de caer, no en un hoyo, sino en un precipicio fiscal.!
Sin embargo, como en
ese país se respeta la opinión pública y la misma no puede ser manipulada de
manera antojadiza, sin consecuencias, a nadie se le ocurre la descabellada
insensatez de considerar que un déficit fiscal sea sinónimo de fraude fiscal, y
por lo tanto, de delito.
Eso sólo sería el engendro de un cerebro más orientado hacia
la calumnia que a la razón, a la manipulación que a la verdad, y a un alma
tenebrosa corroída por bajas pasiones.
Un déficit fiscal se refiere al hecho de que en el
transcurso de la ejecución del presupuesto de un año, el total de gastos excede
el de los ingresos.
Pero resulta que eso ocurre generalmente en casi todos los
países del mundo, año tras año, como acabamos de ver, y de lo que se trata, más
bien, es de establecer un límite, o tope, para que resulte manejable.
Ahora mismo, en medio de la gran crisis de la Eurozona, lo
que Alemania ha sugerido es que se suscriba un pacto entre los países miembros
de la región para que el déficit fiscal no exceda del tres por ciento del
Producto Interno Bruto.
No se dice, sin embargo, que se elimine, de una vez por
todas, el déficit fiscal, y esto así, porque en todas partes del mundo, salvo
algunas personas aquí, se reconoce y se comprende que el déficit no es nada
nefasto ni pecaminoso, sino, simple y llanamente, una forma de financiar una necesidad que se
tiene en un momento determinado sin contar con los recursos suficientes para
satisfacerla.
Cuando alguien compra “fiao” o con una tarjeta de crédito,
de hecho está asumiendo un déficit que luego se financia con el pago de una
deuda.
En la República Dominicana, en el 2009, el déficit del
sector público consolidado, que abarca el Gobierno Central, las instituciones
autónomas y descentralizadas, las empresas públicas y el sector público
financiero, fue de 4.2 por ciento del PIB; en el 2010, de 4.3 por ciento; en el
2011, de 4.7 por ciento; y para este año, 2012, se proyecta en 7.8 por ciento
del PIB.
Esa proyección de 7.8 por ciento del PIB, como déficit
fiscal para el 2012, que equivale, según
las cifras proyectadas, a 187 mil
millones de pesos, ha generado inquietud en
distintos sectores de la vida nacional, y por tal motivo requiere de una
clara explicación, como bien lo merece
el pueblo dominicano.
En tal virtud, es
preciso indicar que en el presupuesto original para este año 2012, se contempló
que el Gobierno Central, excluyendo los pagos a la Corporación Dominicana de Electricidad y la
recapitalización del Banco Central, tendría un superávit de 12 mil millones de
pesos, semejante a 0.5 por ciento del PIB.
Sin embargo, no resultó así. En lugar del referido
superávit, lo que se ha producido es un
déficit del Gobierno Central de 78 mil 700 millones de pesos, lo que equivale
al 3.4 por ciento del PIB.
¿Qué pasó? ¿Despilfarró el gobierno ese dinero? ¿Lo utilizó
de manera imprudente e irresponsable?
Nada de eso. Lo que ocurrió, primero, fue que tal como se
desprende del documento del Staff Report del FMI, en la tabla denominada,
República Dominicana, Programa Fiscal, como porcentaje del PIB, se estableció la proyección de que el país
tendría, para este año, 2012,
recaudaciones totales ascendentes a 360 mil millones de pesos.
La realidad, sin embargo, por lo que se proyecta, es que no
será así, y que por lo tanto, este año terminaremos con ingresos inferiores a los 320 mil
millones de pesos.
¿Qué significa eso?
Significa que hay 40 mil millones de pesos menos que
simplemente no ingresarán al Gobierno dominicano, y que, por consiguiente,
forman parte del déficit, fruto de la caída que se ha experimentado en la
recaudación fiscal del Estado dominicano.
En segundo lugar, se estimó que la Corporación Dominicana de
Electricidad tendría un déficit, este
año, de 270 millones de dólares, o lo que es igual, de 11 mil millones de
pesos.
No obstante, viene a suceder que el déficit del sector
eléctrico ya no será por esa cantidad, sino por 1 mil 270 millones de dólares,
igual a 51 mil millones de pesos.
En tercer lugar, el Banco Central, a pesar de haber sido
dirigido, durante varios años, con gran destreza y habilidad por su Gobernador,
el licenciado Héctor Valdez Albizu,
todavía, como consecuencia de la crisis financiera del 2003-2004,
requiere ser recapitalizado cada año con recursos provenientes de las
recaudaciones fiscales y mediante la emisión de certificados de depósito que
realiza la propia institución bancaria.
Esa crisis financiera del 2003-2004, origina un déficit,
sólo para este año, del sector público consolidado, de más de 49 mil millones
de pesos.
De manera que, como puede apreciarse, en tres renglones nada
más, en los recursos que no ingresarán, el aumento del subsidio al sector
eléctrico y en la recapitalización del Banco Central, hay 141 mil millones de
pesos del déficit fiscal.
Eso equivale a decir, entonces, que de los 187 mil millones
de pesos que se estima sería el déficit del sector público consolidado para
este año, hay 141 mil millones que ya sabemos no estaban bajo el control del
Gobierno Central.
Y con el resto, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están los 46 mil
millones de pesos restantes?
¿Desaparecieron por arte de magia?
Tampoco. Se invirtieron en proyectos y en áreas
institucionales previstas en el presupuesto y aprobadas por el Congreso
Nacional.
Por ejemplo, los programas sociales, tales como Tarjetas de
Solidaridad, el incremento del número de afiliados al seguro social a través de
SENASA, los Comedores Económicos y el Plan Social, requirieron más de 1 mil 500
millones de pesos, en adición a los originalmente presupuestado.
El aumento salarial a los militares y policías, así como de
las pensiones, a principios de año, significó más de 2 mil millones de pesos.
Los aportes al Plan de Jubilación del Gobierno, en sentido
general, también recibieron recursos adicionales, por unos 2 mil millones de
pesos.
El Congreso requirió 300 millones de pesos suplementarios.
La Suprema Corte de Justicia, 390 millones. La Junta Central Electoral, 300
millones. El Tribunal Constitucional, 250 millones de pesos. El Tribunal
Superior Electoral, 100 millones.
A la Universidad Autónoma de Santo Domingo se le asignaron
543 millones de pesos, en adición a su presupuesto original.
El costo de la pignoración y el subsidio a la exportación de
la sobreproducción de arroz, ascendió a 1 mil 400 millones de pesos.
La no transferencia al usuario de los altos precios de los
combustibles, tuvo un costo fiscal de más de 6 mil millones de pesos.
Todo eso sumado excede los 15 mil millones de pesos, que el
Gobierno ejecutó en programas y asignaciones contemplados en el presupuesto del
2012, aprobado por el Congreso.
Al sumarse 141 mil millones de pesos de los recursos que no
ingresarán, el subsidio al sector eléctrico, la recapitalización del Banco
Central y los 15 mil millones de pesos a los que acabamos de hacer referencia,
el resultado es de 156 mil millones de pesos.
Pero el Gobierno invirtió también más de 30 mil millones de
pesos en proyectos de infraestructuras, que fueron reclamados por las
poblaciones de las distintas comunidades como parte de sus planes de desarrollo
local, y que fueron contemplados, de igual manera, en el presupuesto del 2012.
Entre esos proyectos se encuentran los avances para la
culminación de la segunda línea del Metro de Santo Domingo; la segunda etapa de
la carretera Santo Domingo-Samaná; la carretera El Río-Jarabacoa; la Autopista
del Coral; el Corredor Duarte; la carretera Dajabón-Monte Cristi; la carretera
Higuey-Nisibón; la carretera Mao-Santiago Rodríguez; la carretera
Pedernales-Aguas Negras; la carretera Barahona-Neyba; la carretera
Isabela-Estero Hondo-La Playa, en Puerto Plata; la carretera
Barranca-Maguey-Cayetano Germosén, en la provincia Espaillat; la carretera La
Guásuma-La Bajada-La Cueva-Los Brasitos, en la provincia Duarte.
Igualmente, se construyeron los puentes de Baitoa, en
Santiago; Masipedro, en Bonao; y los de Bajabonico, Imbert; Unijica, y Mango de
Yásica, en Puerto Plata.
Se realizó la construcción, equipamiento y
amueblamiento de la Torre Tecnológica y
de la Torre Administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De
igual manera, la construcción del Comedor Universitario y la remodelación de
las facultades de Ingeniería y Ciencias Jurídicas de la UASD.
Una obra destinada a cambiar la naturaleza de la educación
superior, edificada en el 2012, fue el Instituto Técnico Superior, ITESCO.
Se construyeron obras deportivas, religiosas, recreativas y
comunitarias.
Se remodeló y amplió la Biblioteca Nacional. Se construyeron
las bibliotecas de Bonao y Maimón. Se construyó el Auditorio Centro Juvenil de
La Romana, el Centro Cultural de San Juan, la Biblioteca Municipal de Hato
Mayor, entre otras obras culturales.
Con respecto al sector salud, durante el 2012, se
construyeron e inauguraron, en la Ciudad de la Salud, el Hospital
Materno-Infantil, Dr. Reinaldo Almánzar, el Hospital Pediátrico, Dr. Hugo
Mendoza y las nuevas instalaciones de PROMESE.
Se construyó el Hospital Público de Monte Plata; el de Hato
del Yaque y Hospital de Baitoa, en
Santiago de los Caballeros; el Centro Regional Diagnóstico por Imágenes, Dr.
Francisco Gonzalvo, en La Romana; el Hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal;
el Hospital Público de Partido, en Dajabón; la remodelación del Hospital
Toribio Bencosme de Moca, la del Hospital Padre Billini y la del
Materno-Infantil San Lorenzo de Los Mina.
Una obra que representa una profunda transformación del
sistema de salud en la República Dominicana fue igualmente inaugurada en el
2012. Se trata del Instituto Nacional
del Cáncer, Dra. Rosa Emilia Tavares, la cual ha recibido el merecido elogio
por parte de la comunidad médica, tanto nacional como internacional.
Se inauguraron centenares de escuelas en todo el territorio
nacional, en tiempo record. Se construyeron más de 3 mil 300 unidades
habitacionales en todo el país. Se ejecutaron 36 proyectos de construcción de
acueductos, así como 50 adicionales de mejoramiento, rehabilitación y extensión
de redes y plantas de tratamiento de aguas residuales.
Se terminó el Merca Santo Domingo.
Y se ejecutó el Tercer Plan Nacional de Asfaltado, el cual
abarcó 1 mil 500 kilómetros de calles y avenidas en todo el territorio
nacional.
Por la cantidad de obras y proyectos al alcance de la vista
de todos, en todo el ámbito nacional, podrá advertirse que el déficit fiscal
proyectado para el 2012 no es ni un fraude ni un delito.
Es la ejecución de una inmensa y memorable obra de gobierno,
de la cual, como dominicanos, deberíamos, sin mezquindad alguna, sentirnos orgullosos, realizada en medio de la más
profunda crisis económica mundial de los últimos años, y bajo las precariedades
y limitaciones de uno de los Estados más débiles del mundo en términos de
recaudación fiscal.
Comprendo que podamos preocuparnos, de manera genuina y
auténtica, por el déficit fiscal, en razón de las implicaciones que pueda tener
con respecto a la sostenibilidad de la deuda.
Y aunque con respecto a la deuda, siempre hay que ser
prudentes y cautelosos, cabe señalar que
en estos momentos la mayor parte de nuestra deuda es con los organismos
multilaterales, como el BID, el Banco Mundial, la Agencia Francesa para el
Desarrollo, el BNDES, de Brasil, y la Corporación Andina de Fomento.
Esas instituciones financian proyectos de desarrollo social
a largo plazo y con bajas tasas de interés, como también resulta ser el caso
del programa de Petro Caribe, que se
asume a 25 años, con un plazo de gracia de dos y una tasa de interés de 1 por
ciento.
Para que se tenga una idea de la forma responsable en que el
Gobierno dominicano manejó la deuda externa, conviene poner de relieve lo
establecido por JP Morgan, uno de los más grandes y prestigiosos bancos de
inversión del mundo, cuando en su nota de coyuntura sobre nuestro país, de la
semana pasada, declaró que el nivel de deuda del Gobierno dominicano terminará
en el 2012 bastante moderado en relación al resto de América Latina.
Eso quiere decir, que para los mercados financieros internacionales,
la deuda de la República Dominicana, no sólo no es una preocupación sino que
está bien calificada.
Así lo perciben los inversionistas de grandes capitales del
mundo, cuando compran y venden bonos del país a tasas por debajo del 5 por
ciento, según se establece en el portal noticioso de negocios, Bloomberg, lo
que es inferior a las que habíamos alcanzado en todas nuestras transacciones
financieras previas.
Con la reciente aprobación de la Ley de Reforma Fiscal, a lo
que el Presidente Danilo Medina aspira, para poder cumplir con sus promesas de
política social, es que para el 2013 podamos recuperar los ingresos dejados de
percibir durante este año; y así,
continuar avanzando por senderos de prosperidad
y desarrollo social.
Pero, desafortunadamente, hay en el país fuerzas políticas
que aunque por su tradición ideológica deberían favorecer un Estado fuerte, se
oponen, formulando alegatos que más bien caen en el campo de la manipulación,
la calumnia, el infundio y la maledicencia.
Pero como ocurre siempre en la historia de los pueblos, la
calumnia no pasará. La mentira se desplomará; y la vileza y la infamia no
encontrarán terreno fértil donde germinar.
Por el contrario, la verdad resplandecerá. La razón se
impondrá. La decencia y el respeto predominarán; y el sentido de dignidad, de
decoro y de amor por Dios, el Todopoderoso, iluminará nuestro camino hacia la
conquista de nuevas metas de paz, de progreso y felicidad para el pueblo
dominicano.
¡Qué viva la República Dominicana!
¡E´Pa´lante Que Vamos!
Muchas gracias.
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